Ecuador (AP) — Un enfrentamiento entre el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y la Asamblea Nacional liderada por la oposición podría resultar en que cualquiera de las partes sea expulsada de su cargo esta semana mientras los legisladores buscan juzgarlo por malversación de fondos y él considera ejercer su poder constitucional para disolver la legislatura.
Los legisladores continuarán los procedimientos de juicio político contra el político de derecha el martes durante una sesión de la asamblea unicameral a la que se espera que asista Lasso.
Las tensiones políticas aumentaron en Ecuador desde que Lasso, un exbanquero, fue elegido en 2021 y chocó desde el inicio con una fuerte oposición en la Asamblea. Al mismo tiempo, el país sudamericano ha experimentado un aumento de la violencia relacionada con las drogas, incluidas varias masacres en las cárceles en los últimos dos años.
Pase lo que pase esta semana, la inestabilidad general del país sin duda se profundizará.
“La destitución del presidente, siendo un terremoto institucional en cualquier democracia, será un evento que sacudirá el escenario político del país”, dijo Laura Lizarazo, analista senior que cubre Ecuador y Colombia para la firma global Control Risks.
Esta es la segunda vez que la oposición intenta acusar a Lasso, pero el año pasado no obtuvo suficientes votos.
La sesión del martes podría extenderse hasta el miércoles, ya que contará con horas de argumentos de los acusadores y la defensa de Lasso y comentarios de 10 minutos de cualquiera de los 137 legisladores que deseen hablar sobre el caso políticamente cargado.
Se espera que la oposición alcance los 92 votos necesarios para destituir a Lasso después del debate, pero no está claro exactamente cuándo dentro de los próximos cinco días los líderes de la Asamblea programarán la votación sobre la medida, aunque los legisladores han señalado que podría suceder el sábado. También se desconoce si Lasso optará por disolver la legislatura para mantener su cargo y gobernar por decreto hasta que se programen las elecciones presidenciales y legislativas.
Los legisladores acusan a Lasso de no haber intervenido para terminar un contrato entre la empresa estatal de transporte de petróleo Flota Petrolera Ecuatoriana y la entidad privada Amazonas Tankers. Los acusadores argumentan que Lasso sabía que el contrato estaba lleno de irregularidades y le costó al estado pérdidas millonarias.
Pero los legisladores no han ofrecido ninguna prueba hasta el momento. Lasso, que ha negado las acusaciones, dijo a la prensa extranjera en abril que no dudaría en disolver la Asamblea si su destitución fuera inminente.
“Anticipamos que persistirá el deterioro progresivo en materia de seguridad que ha experimentado el Ecuador en el último año, así como los altos niveles de insatisfacción de la población que siente que las instituciones democráticas, tanto la Asamblea como el Ejecutivo, están totalmente desconectados de sus necesidades más urgentes, que tienen que ver con el desempleo, la violencia, niveles de extorsión por parte del crimen organizado y la delincuencia menor sin precedentes”, dijo Lizarazo.
Los procedimientos de juicio político son independientes de las investigaciones penales. La Fiscalía de Ecuador ha abierto una investigación preliminar, pero Lasso no ha sido acusado penalmente.
El abogado constitucional André Benavides dijo que las acusaciones contra Lasso no encajan en un caso de malversación de fondos porque no se ha establecido el daño al estado ni el supuesto beneficio personal del presidente.
“En este caso no hay rastro de dinero, no existe”, dijo Benavides.
La Organización de los Estados Americanos instó este lunes a los legisladores a “ofrecer todas las garantías de justicia y respetar las reglas del debido proceso” durante los procedimientos de esta semana.
